La administración Trump ha decidido concluir un programa de inmigración que actualmente salvaguarda a cientos de miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos de la deportación, lo que podría llevar a la pérdida de su estatus legal en la primavera próxima, de acuerdo con un aviso gubernamental obtenido por CBS News.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante el fin de semana, revocó una de las dos designaciones de Estatus de Protección Temporal para nacionales venezolanos, una designación previamente establecida por el gobierno de EE. UU. en reconocimiento de las condiciones peligrosas que hacían inviable un regreso seguro a su patria.
Establecido en 1990, el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha sido utilizado tanto por administraciones republicanas como demócratas para proporcionar alivio migratorio temporal a individuos de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones críticas que hacen que la repatriación sea insegura. Esta política ofrece protección contra la deportación y elegibilidad para permisos de trabajo, aunque no confiere residencia legal permanente.
El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para nacionales venezolanos representa la iniciativa más extensa de su tipo, proporcionando protección contra la deportación para más de 600,000 migrantes, según indican las estadísticas gubernamentales.
Se espera que la reciente decisión de la administración Trump resulte en aproximadamente 350,000 venezolanos, que actualmente están protegidos bajo una designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2023, perdiendo sus autorizaciones de trabajo y protecciones contra la deportación dos meses después de la publicación oficial de la decisión de la Gobernadora Noem. Mientras tanto, los venezolanos que son beneficiarios de una designación de TPS anterior de 2021 mantendrán su estatus hasta septiembre, aunque existe la posibilidad de que estas protecciones también se suspendan después de esa fecha.
Las personas cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) expire y que no posean un estatus migratorio alternativo perderán su derecho legal a trabajar en los Estados Unidos, lo que las hará susceptibles a detenciones y deportaciones por parte de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha intensificado significativamente sus acciones de cumplimiento en todo el país bajo la administración de Trump. Recientemente, el presidente Trump anunció que el gobierno venezolano ha consentido en aceptar a migrantes deportados de EE. UU., después de haber rechazado previamente los vuelos de deportación estadounidenses durante un período prolongado.
La iniciativa para reducir el Estatus de Protección Temporal (TPS), inicialmente destacada por The New York Times, refleja una estrategia más amplia de la administración Trump destinada a endurecer las regulaciones en torno a la inmigración ilegal y los programas humanitarios que anteriormente permitían a ciertos migrantes ingresar o permanecer en los Estados Unidos legalmente. Además, funcionarios dentro de la administración han formulado propuestas para rescindir el estatus legal de individuos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a EE. UU. a través de un marco de patrocinio establecido por la administración Biden.
En 2021, la administración Biden extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los migrantes venezolanos, citando las graves crisis económicas y políticas exacerbadas por la gobernanza autoritaria del presidente Nicolás Maduro.
Según las Naciones Unidas, casi 8 millones de personas han salido de Venezuela, marcando la crisis migratoria más significativa en la historia del Hemisferio Occidental. Si bien un número considerable de venezolanos ha encontrado refugio en varios países sudamericanos, particularmente en Colombia, un contingente considerable también ha llegado a la frontera sur de los Estados Unidos durante la administración del expresidente Joe Biden.
En su decisión, Noem reconoció que ciertas condiciones en Venezuela, como lo destacó la administración Biden, "persisten." Sin embargo, concluyó que extender el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) sería "inconsistente con el interés nacional." Hizo referencia a las dificultades que algunas comunidades de EE. UU. han encontrado para acomodar a los migrantes en los últimos años, así como al aumento de individuos asociados con la organización criminal venezolana, Tren de Aragua.
Noem también articuló que políticas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) pueden promover inadvertidamente la inmigración ilegal, argumentando que las extensiones continuas de tales políticas podrían servir como "factores de atracción" que incitan a las personas a acercarse a la frontera de EE. UU.
El presidente Biden ha ampliado significativamente el Estatus de Protección Temporal (TPS) a un número sin precedentes de individuos, proporcionando refugio a cientos de miles de inmigrantes de naciones como Afganistán, Camerún, Haití, Ucrania y otros que enfrentan crisis. Además, su administración ha revertido los esfuerzos de la administración anterior de Trump para eliminar el TPS para varios países, incluyendo El Salvador.
Los funcionarios de la administración Trump, junto con numerosos legisladores republicanos, sostienen que el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) ha sido objeto de abuso y se ha extendido más allá de su marco temporal previsto. En una de sus primeras acciones ejecutivas, el presidente Trump instruyó a su administración para asegurar que el TPS permanezca "limitado en alcance".
No obstante, un número selecto de legisladores republicanos ha abogado por que el Sr. Trump garantice la protección de los venezolanos contra la deportación. En una carta fechada el viernes, el congresista de Florida Carlos Gimenez instó a la administración Trump a idear una "solución" para los beneficiarios de TPS venezolanos, destacando que la mayoría son individuos respetuosos de la ley que "buscan libertad".